Marcio Battilana, abogado especialista en derecho internacional, explicó que las sanciones impuestas por organismos como la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Unión Europea o Naciones Unidas, se aplican mediante procesos administrativos que no ofrecen a los afectados acceso completo a la información que motivó su inclusión en las listas.
“Tanto sea la OFAC o Naciones Unidas, a través de su listado de terrorismo, si te meten en sus famosas listas, nunca realmente tenés toda la información del por qué te metieron”, afirmó Battilana. El abogado sostuvo que las entidades sancionadoras deciden qué información facilitar y qué retener, lo que convierte el procedimiento en una instancia de “cuasi-arbitrariedad”.
“Esto no es un proceso judicial, pero es un proceso administrativo. Hay absoluta discrecionalidad”, explicó. Battilana aclaró que el procedimiento no es completamente arbitrario, ya que los afectados tienen derecho a apelar o litigar administrativamente. “Digo cuasi porque del momento que te permiten revisar o apelar ya no es arbitraria”, señaló.
El especialista recordó que desde hace dos años recomendó a ciudadanos paraguayos involucrados en sanciones de la OFAC iniciar litigios administrativos ante el Departamento del Tesoro. Describió el proceso como una confrontación técnica entre los argumentos del sancionado y los fundamentos de la entidad que impuso la medida.
“Se hace un litigio administrativo interno en el que vos confrontás lo que sea que ellos te dicen que tienen, que les molesta o que está en contra de su normativa”, explicó. El abogado indicó que, en algunos casos, la OFAC ofrece la posibilidad de levantar la sanción si el afectado cesa la actividad que motivó la medida. “Pueden decir: ‘Mirá, vos estás sancionado por X, Y, Z. Si cesás esa actividad, yo te levanto la sanción’”.
Battilana confirmó que la única respuesta pública de la OFAC es la eliminación de los nombres de la lista, como ocurrió el lunes pasado con Horacio Cartes y sus empresas. “Esa es la única respuesta que se va a obtener”, afirmó. El expediente completo permanece privado y está protegido por cláusulas de confidencialidad estrictas. “Incluso las personas se exponen a mayores problemas en caso de violar esa confidencialidad”, advirtió.
El abogado explicó que la confidencialidad rige tanto para los afectados como para los equipos legales que los asisten. “Una de las primeras cosas que se tiene en esta clase de litigio administrativa es la absoluta confidencialidad entre las partes involucradas”, señaló. Battilana indicó que el proceso involucra a la persona física o jurídica sancionada y a la entidad que impuso la medida, en este caso la OFAC.
El especialista comparó el tratamiento de la confidencialidad en Estados Unidos y Europa con el régimen paraguayo de secreto profesional. “Es extremadamente serio, tanto en Estados Unidos como en Europa”, afirmó. Battilana advirtió que la violación de pactos de confidencialidad puede destruir carreras profesionales o incluso comprometer la libertad de los involucrados.
