El ministro Walter Gutiérrez calificó el lugar como “un aguantadero” y denunció que adultos ajenos a los menores los utilizaban como fuente de ingresos diarios.
“Era un lugar clausurado hace tiempo, pero volvió a reactivarse. Las condiciones eran infrahumanas. Los niños estaban hacinados, expuestos a explotación laboral en la vía pública y, en algunos casos, a explotación sexual”, afirmó Gutiérrez.
El operativo se realizó tras monitoreos previos y denuncias vecinales, y fue encabezado por la Fiscalía, que solicitó la orden de allanamiento.
Utilizados por adultos que no eran sus padres
El ministro confirmó que muchos de los menores no estaban acompañados por sus padres biológicos, sino por adultos que los utilizaban para generar ingresos. “Identificamos adultos que tenían niños que no eran sus hijos. Los usaban para pedir dinero. Algunos casos están siendo investigados por posible explotación sexual”, explicó.
La Policía Nacional desplegó personal especializado en trata de personas, que utilizó el sistema Quantum de identificación dactiloscópica para cotejar la identidad de los menores, muchos de los cuales no portaban documentos o nunca fueron registrados oficialmente.
El inquilinato funcionaba como centro de explotación
Gutiérrez describió el lugar como un pasillo con cinco espacios, sin condiciones mínimas de habitabilidad. “No se le puede llamar habitaciones. Era un aguantadero. Las niñas grandes eran ofrecidas a personas en tránsito en la terminal. Es terrible”, denunció.
El ministro confirmó que la Municipalidad de Asunción acompañó el operativo, y que el lugar será lacrado nuevamente, con el compromiso de realizar monitoreos constantes. “Solicitamos a la municipalidad que controle los espacios que clausura. No pueden volver a funcionar como centros de explotación”, sostuvo.
Niños generaban ingresos diarios para sus explotadores
El ministro reveló que los menores eran parte de un esquema económico informal, donde los adultos obtenían entre G. 150.000 y G. 200.000 por día mediante la explotación laboral infantil. “Lo que se les ofrece en sus comunidades no les resulta rentable en comparación con lo que sacan en la ciudad. Es un negocio montado sobre la vulnerabilidad de los niños”, afirmó.
Explicó que las comunidades indígenas involucradas eran cinco, todas provenientes de Caaguazú, y que el 100% de los menores rescatados pertenecían a población indígena. “Algunas comunidades reciben apoyo, pero hay vacíos que permiten que esto ocurra. Hay que cerrar esos espacios de impunidad”, sostuvo.
Ministerio activó centros de protección y protocolos sanitarios
El Ministerio de la Niñez activó centros de protección para recibir a los menores, y trabaja en conjunto con personal sanitario para evaluar cada caso. “No se puede generalizar. Algunos niños serán protegidos en nuestros centros, otros podrían ser reinsertados en sus comunidades. Todo se analiza caso por caso”, explicó.
Confirmó que la Fiscalía ya identificó a los adultos responsables, y que se investigará también la responsabilidad de líderes comunitarios. “Se van a tomar medidas. No se puede permitir que se utilice a los niños como mercancía”, concluyó.
