El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Delitos Informáticos de la Policía Nacional, defendió el trabajo de monitoreo realizado en redes sociales durante la convocatoria y desarrollo de la movilización de la Generación Z el pasado domingo en Asunción. El jefe policial aseguró que la institución actuó conforme a la ley y que no realizó espionaje ni interceptación de comunicaciones privadas.
El comisario explicó que el procedimiento se inició a partir de publicaciones abiertas en redes sociales como TikTok, donde usuarios compartieron enlaces para sumarse a grupos de organización. “Cuando se inicia la convocatoria del autodenominado grupo Generación Z Paraguay, se genera mucha información en las redes. Y esa información que se genera llega a nosotros”, señaló.
Alarcón indicó que ciudadanos que participaron en los grupos enviaron capturas de pantalla a la Policía, alertando sobre posibles mensajes que podrían constituir delitos. “Las personas mismas que estuvieron y que ingresaron empiezan a agendar en diferentes lugares a diferentes personas y esas personas otra vez nos envían a nosotros esos de pantalla”, explicó. El comisario sostuvo que, ante la recepción de esos datos, la Policía tiene la obligación legal de comunicar al Ministerio Público si se presume la existencia de una conducta punible.
“El Código de Procedimientos Penales me da una facultad de hacer ciertas diligencias preliminares orientadas a la individualización de esa persona que se sospecha podría estar ante un hecho punible”, afirmó. Según Alarcón, los agentes recopilaron números de teléfono, enlaces de páginas y direcciones URL que fueron compartidas públicamente. “Eso es lo que se le informa al fiscal. Se le dice: esto que se recibió, acá hay un mensaje que raya a una conducta punible”, detalló.
El comisario aclaró que la Policía no tiene herramientas ni autorización para interceptar comunicaciones privadas. “Nosotros ni siquiera tenemos herramientas ni la capacidad de poder ingresar e interceptar comunicaciones”, aseguró. Sin embargo, reconoció que en etapas posteriores de una investigación judicial sí se puede solicitar acceso a datos privados, pero únicamente con orden judicial.
Alarcón insistió en que todo el trabajo se basó en fuentes abiertas y en denuncias ciudadanas. “Se captó todos los datos que estaban en redes abiertas, y hubo muchísimos ciudadanos que hicieron print de pantalla y enviaron: ‘Mirá, esto es peligroso, así están enviando mensajes’”, relató. El comisario recordó que cualquier ciudadano que detecte una posible conducta delictiva tiene la obligación legal de comunicarla, ya sea de forma anónima o responsable.
El Ministerio Público recibió los informes y abrió una investigación preliminar para determinar si los mensajes difundidos en redes sociales constituyeron delitos como apología del crimen o incitación a la violencia. La intervención policial generó críticas por parte de organizaciones civiles y legisladores, quienes denunciaron una posible criminalización de la protesta social.
