Según explicó, el Congreso alteró la propuesta para que los juzgados tengan un enfoque más general sobre la familia, alejándose del propósito original. “Esta semana se aprobó una versión que no es la versión que se ha trabajado desde la Mesa Previn, que es la Mesa Interinstitucional”, señaló.
La Mesa Previn, integrada por 14 instituciones, ha trabajado en la formulación del proyecto con el objetivo de reforzar el combate contra la violencia hacia la mujer. La ministra mencionó que la nueva versión de la ley aprobada por el Congreso no responde a la necesidad planteada en su origen.
“El objetivo del nacimiento del proyecto en cuestión no responde a la naturaleza donde se inició el trabajo en sí", afirmó Figueredo. Por ello, adelantó que recomendará al presidente de la República que vete la ley en su versión actual. “Exactamente, exactamente, no es el objetivo en el cual se estaba trabajando”, enfatizó.
En relación con la importancia de contar con juzgados especializados en violencia de género, Figueredo recordó que antes de la promulgación de la Ley 5777 no existían registros formales sobre feminicidios ni denuncias específicas de violencia contra la mujer. “A partir de ahí tenemos nosotros registros oficiales, datos estadísticos con sustento científico”, explicó.
Según la ministra, estos registros provienen de instituciones como el Ministerio Público, la Policía y los juzgados de paz, permitiendo un análisis más preciso de la problemática.
Las cifras reflejan un aumento significativo de denuncias en los últimos años, lo que evidencia la necesidad de fortalecer el sistema de protección a las mujeres. “En el 2020 hubo 25.900 denuncias, y en el 2024, el año pasado, cerró con 37.900 denuncias”, indicó Figueredo. Esto representa un incremento de 12.000 denuncias en apenas cinco años.
La ministra señaló que si bien esto podría interpretarse como un aumento de la violencia, también muestra que las mujeres han adquirido mayor conocimiento sobre sus derechos y saben dónde acudir para realizar denuncias. “Podemos tener la hipótesis de que la ciudadanía, las mujeres, conocen sus derechos, conocen dónde acudir y cómo realizar una denuncia”, explicó.
Figueredo subrayó que las políticas de protección deben evolucionar constantemente, adaptándose a las necesidades cambiantes de la sociedad. “Las políticas son muy cambiantes, porque la situación y la coyuntura y la evolución de la sociedad es cambiante”, destacó.
