La fiscal Teresa Sosa imputó a 67 personas por los delitos de estafa y declaración falsa, tras una denuncia presentada por el Instituto de Previsión Social (IPS). La investigación reveló un esquema fraudulento que operó durante los años 2020 y 2021, en plena pandemia, y que generó un perjuicio económico superior a los G. 1.200 millones.
Sosa explicó que “el Instituto de Previsión Social, a través de su dirección de Prevención de Riesgo, realizó una investigación porque le llamó mucho la atención acerca de empresas que suscribieron a varias personas en calidad de empleados para, en forma posterior, suspender esas contrataciones con el objetivo de que el IPS les abone la compensación por cese laboral”.
La pesquisa se centró en una firma de fantasía cuyo responsable fue identificado como Julio David Ramírez Domínguez. Según la fiscal, “tenía inicialmente ocho empleados, y en el transcurso del año 2020 y 2021 amplió a 83 empleados”. Al verificar el domicilio de la empresa, los investigadores constataron que “los vecinos ni persona alguna tenían conocimiento acerca de esa empresa, como tampoco conocían al empleador ni a las personas que allí trabajaban”.
La Fiscalía sospechó que Ramírez Domínguez aprovechó la situación de emergencia sanitaria para inscribir falsos trabajadores y acceder a las compensaciones otorgadas por el IPS. “El IPS abonó más de 1.200 millones de guaraníes a personas que en realidad no estarían trabajando en esta empresa”, afirmó Sosa.
La imputación alcanzó a 67 personas que proveyeron sus datos personales y cédulas de identidad para ser inscriptas como empleados. “Estas tienen participación como coautores, porque la patronal no habría podido inscribir si no recibía esa colaboración”, sostuvo la fiscal.
En total, fueron investigadas 84 personas. 20 de ellas se presentaron voluntariamente ante el Ministerio Público, manifestaron su intención de colaborar con la investigación y solicitaron la reparación del daño. “Estas personas habrían recibido una pequeña parte nada más de esa compensación. El resto lo habrían entregado a la patronal”, explicó Sosa. Por esa razón, no fueron imputadas y serán objeto de otro tipo de salida procesal.
