Benítez explicó que no contó con elementos suficientes para sostener una imputación por violencia previa, y que la liberación del sospechoso se dio dentro del marco legal vigente.
“Uno se siente responsable por el fallecimiento de una ciudadana. Es muy triste lo que pasó, pero en ningún momento tuve el elemento fundamental que es el de la violencia instantánea”, afirmó el fiscal. Benítez reconoció que la denuncia por violencia de género fue presentada, pero sostuvo que no existían antecedentes ni pruebas psicológicas que confirmaran una situación sostenida de maltrato.
Benítez confirmó que abrió una carpeta investigativa por presunto hecho de violencia, pero explicó que la falta de presupuesto impidió contar con una psicóloga que pudiera entrevistar a la víctima. “Yo necesitaba por lo menos una psicóloga que conversase con ella y me dijera: ‘Ella es víctima de este tipo de violencia’. Nosotros no tenemos eso”, señaló.
El fiscal detalló que la profesional asignada por el Ministerio Público visita la sede una vez al mes, y que la cita con Antonia Salinas fue agendada para la semana siguiente, pero ella no asistió. “Ella había llegado desde Asunción y se reunió con su agresor en el lugar donde ya convenían constantemente. No hubo un alejamiento de parte de ella”, explicó.
Consultado sobre la versión que indicaba que Dávalos había introducido un arma en la boca de Salinas frente a su hija, el fiscal negó que esa situación haya sido confirmada. “La hija convivía en Lima con la abuela. En ningún momento estuvo en el lugar. Hay cuestiones que hay que separar entre lo cierto y lo que se utilizó como arma arrojadiza contra el trabajo del Ministerio Público”, sostuvo.
Benítez insistió en que no recibió elementos que confirmaran una situación de violencia grave en el momento de la denuncia, y que la actuación fiscal se limitó al plazo legal de 24 horas de detención. “Fue un trámite sumarísimo. Nosotros actuamos dentro del tiempo que la ley nos permite para establecer si hubo violencia ese día”, explicó.
El fiscal expresó su pesar por el desenlace fatal del caso, pero defendió su actuación como ajustada a derecho. “No tengo nada de qué incriminarme. El dolor que siento es tremendo, pero no me puedo comparar con el de la familia”, afirmó.
Benítez pidió que no se utilice el caso como herramienta política o mediática, y reiteró que la falta de recursos y de elementos técnicos limitó la capacidad de respuesta del Ministerio Público. “Nosotros hicimos la diligencia correspondiente. Citamos a la víctima, intentamos mantener un control constante. Pero ella no insistió en esa cuestión”, concluyó.
