El Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Simuca) manifestó su rechazo a la Ley 7445, que establece el régimen del Servicio Civil en la función pública, y advirtió que su entrada en vigencia, prevista para el martes 16 de julio, afecta la autonomía legal de la Municipalidad de Asunción. El vicepresidente del sindicato, Óscar Pereira, denunció que la ley fue sancionada sin discusión, y que invade competencias ya regidas por una ley especial.
“Nuestros congresistas no estuvieron a la altura. En diciembre, la Cámara de Diputados aprobó esta ley sin discutir. En menos de 24 horas lo hizo también el Senado. Y el 14 de enero la promulgó el presidente”, aseguró Pereira. El sindicalista explicó que el artículo 46 de la norma estipula que la ley entra en vigencia seis meses después de su publicación, por lo cual, desde este martes comenzaría a aplicarse en todo el país.
Pereira cuestionó que la Ley 7445 ignora resoluciones previas que validaron la inaplicabilidad de este régimen a gobiernos municipales, como la resolución 322/13 del 7 de mayo de 2013, en la que se reconoce la autarquía administrativa, organizativa y funcional de la Municipalidad de Asunción.
“La Sala Constitucional tardó 11 años en estudiar el fondo, pero reconoció que Asunción posee ley especial. Tenemos la Ley 2966, Orgánica Municipal. Esa es nuestra norma, no esta ley desgastada y genérica que nos quieren imponer”, expresó.
Pereira afirmó que Simuca accionó ante la justicia no solo contra la Ley del Servicio Civil, sino también contra otras dos leyes que, según su análisis, vulneran derechos constitucionales y laborales fundamentales.
La primera es la modificación a la Ley de PYMES del año 2012, que permite al empleador pagar hasta el 80% del salario mínimo legal vigente a un trabajador paraguayo. “Eso atenta contra la Constitución, que establece que ningún trabajador puede recibir menos del salario mínimo establecido por decreto presidencial, como el que entró en vigencia el 1 de julio”, denunció.
Además, alertó que la norma restringe el derecho a indemnización hasta después de tres años de servicio, contradiciendo el Código Laboral, que reconoce derechos plenos tras el período de prueba de 30, 60 o 90 días. “Un despido injustificado debe generar indemnización desde el inicio, no después de tres años, eso viola el principio constitucional de protección laboral”, aseveró.
La tercera ley cuestionada por Simuca es la modificación de la Carta Orgánica del IPS, que extiende el prorrateo para la jubilación de 36 a 120 meses. Pereira sostuvo que esta reforma dificulta el acceso a una jubilación digna y atenta contra el principio de igualdad establecido en la Constitución.
“Los militares y policías reciben jubilación como activos. El trabajador común también merece cobrar lo mismo. Esta ley rompe con esa equidad”, señaló Pereira, e insistió en que la Municipalidad de Asunción debe regirse por su propia ley, y que la Ley 7445 no fue elaborada con base en las particularidades del régimen municipal, sino con lógica estatal general.
