Fernández explicó que el equipo auditor identificó la falta de planificación efectiva como una de las principales causas de la compra de productos vencidos o próximos a vencer. “Nos aplicaron procedimientos que estaban en vigencia para la compra de estos productos, pero hubo falencias justamente con relación a ello”, afirmó.
La funcionaria señaló que el INCAN no utilizó criterios técnicos ni operativos adecuados para determinar qué medicamentos adquirir, lo que derivó en gastos innecesarios y desabastecimiento en áreas críticas.
La auditoría también detectó que el INCAN no contaba con un manual de organización y funciones, a pesar de que una resolución ministerial exigía su implementación. “Ese manual es crucial porque define funciones y responsabilidades. La no implementación facilita o promueve este tipo de cosas”, sostuvo Fernández.
La ausencia de procedimientos escritos y responsables definidos afectó la eficiencia institucional y comprometió la capacidad de respuesta del INCAN ante una enfermedad que requiere atención urgente y especializada. “Cuando hay procedimientos escritos, esto facilita el cumplimiento de objetivos”, agregó.
Aclaró que la auditoría realizada por la Contraloría no fue financiera, sino de desempeño, con enfoque en cumplimiento y valor público. “La auditoría de desempeño busca recomendar acciones que fortalezcan la institución con miras a agregar valor público”, explicó.
Subrayó que el INCAN, como institución sensible para pacientes en situación angustiante, debe garantizar calidad y seguridad en la atención médica. “El funcionamiento de las entidades públicas debe agregar ese valor público que tanto necesitamos los ciudadanos”, afirmó.
Uno de los hallazgos más preocupantes fue la ausencia de un registro nacional de personas con cáncer, lo que impidió al INCAN proyectar adecuadamente la compra de medicamentos. “No contaba con ese registro nacional de personas con cáncer”, confirmó Fernández.
La directora recomendó que el Ministerio de Salud, como órgano rector, coordine esfuerzos con otras instituciones, como el Instituto de Previsión Social, para crear un sistema unificado de información. “Esto va a facilitar decisiones sobre políticas públicas, saber cuántos pacientes hay, qué tipo de cáncer tienen y dónde viven”, explicó.
