El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, respondió a las críticas de sindicatos y gremios técnicos sobre los decretos 5.306 y 5.307 del Poder Ejecutivo, que establecen condiciones especiales para grandes consumidores industriales de energía. El titular de la estatal aseguró que las medidas excluyen a la criptominería y que cada proyecto será analizado de manera individual para evitar perjuicios a la ciudadanía.
Sosa explicó que “en realidad existen dos decretos, pero excluye a la criptominería. La criptominería ya tiene una normativa que termina el 31 de diciembre del año 2027. Nosotros siempre consideramos que la criptominería es una ventana de oportunidad para la ANDE, pero posteriormente se tiene que analizar realmente porque no genera mano de obra intensiva”.
“Estos decretos crean un marco de referencia para poder atraer inversiones de inteligencia artificial, de hidrógeno verde y otras tecnologías que hoy en día demandan bastante energía eléctrica a nivel mundial”, afirmó.
“Estos decretos para cada proyecto se van a analizar entre el Ministerio de Minas y Energías, el Ministerio de Industria y Comercio, MITIC y lógicamente la ANDE también. Realmente cada caso se va a analizar para crear las condiciones adecuadas, pero definitivamente lo que el presidente de la República ni el presidente de la ANDE va a firmar es un contrato que perjudique a la ANDE y a la ciudadanía”, aseguró.
Sobre las tarifas, explicó que no se fijarán de manera general, sino en función de cada plan de inversión.
“En realidad habla de una tarifa, pero el decreto establece que el plan de inversión debe llevar varios objetivos, como la incorporación progresiva de bienes y servicios nacionales, mecanismos de vinculación con empresas locales, acciones de capacitación y generación propia de energía. Todo eso vamos a incluir dentro del proyecto y definir un flujo de ingreso para la institución, en ningún caso en detrimento de la ANDE y de la ciudadanía”, señaló.
El presidente de la estatal concluyó que los decretos representan una oportunidad para diversificar la matriz energética y atraer inversiones, siempre bajo condiciones que garanticen la sostenibilidad del sistema eléctrico y la protección de los usuarios residenciales.
