El Ministerio Público sostuvo que logró demostrar que Rivas no cursó la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana. También afirmó que no existieron pruebas que acreditaran su presencia como estudiante en las sedes de Luque, Pedro Juan Caballero o Ciudad del Este.
Ayer, durante los alegatos finales, los fiscales señalaron además que varios testigos ofrecieron declaraciones falsas o contradictorias. Según la acusación, esos testimonios no coinciden con los elementos reunidos durante la investigación.
“El caso de Rivas es sumamente grave”, afirmó el fiscal Cristian Benítez al exponer los fundamentos del pedido de condena.
Benítez explicó que la Fiscalía identificó tres hechos principales que sustentaron la acusación. En primer lugar, sostuvo que Rivas utilizó el Poder Legislativo al ser designado representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por ambas cámaras del Congreso.
“Utilizó el Poder Ejecutivo para obtener el registro exprés de su título ante el Ministerio de Educación y Ciencias. Según la acusación, ese trámite permitió validar rápidamente el documento”, agregó.
Asimismo, afirmó que Rivas utilizó el Poder Judicial al jurar ante la Corte Suprema de Justicia y ejercer posteriormente la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Benítez sostuvo que el exlegislador ocupó esos cargos sin poseer la condición de abogado.
El fiscal cuestionó además cualquier interpretación que minimice los hechos juzgados. “Si en este caso no aplicamos el especialmente grave, ¿en qué casos la Justicia va a aplicar el caso especialmente grave?”, expresó.
Por otra parte, Benítez advirtió que la conclusión del proceso podría abrir nuevas investigaciones penales. Señaló que durante el juicio surgieron elementos que podrían derivar en otras causas.
