Leandro Villalba, director de Auditoría Forense de la Contraloría, explicó el alcance del informe elaborado por la Dirección General de Control de Finanzas Públicas, enfatizando la necesidad de fortalecer la evaluación de riesgos ante posibles situaciones de insolvencia de las entidades financieras receptoras.
Según detalló el representante del organismo supervisor, gran parte del dinero del fondo jubilatorio del IPS se invierte en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) para evitar que los recursos permanezcan ociosos. Sin embargo, al ser consultado el IPS sobre sus protocolos internos de recuperación de capital e intereses ante un eventual colapso bancario, la previsional respondió que se atiene estrictamente a la Ley 2334/2003 de Garantía de Depósitos.
Al respecto, señaló que dicha normativa fija un tope general de cobertura de unos 75 salarios mínimos, diseñado para pequeños ahorristas pero inadecuado para la magnitud de los fondos previsionales. “Esta ley no se establece con el propósito ni con el marco más apropiado para establecer contingencias para un volumen tan importante de ahorro de la previsional”, remarcó.
Aunque el artículo 20 de la citada ley otorga una cobertura prioritaria a los fondos de pensiones, el volumen total acumulado por el IPS sobrepasa ampliamente las capacidades de compensación legal en un escenario adverso.
Adicionalmente, el auditor advirtió que la activación de estos procedimientos legales requeriría la intervención directa del Banco Central del Paraguay (BCP), lo que resta margen de maniobra al propio instituto. En palabras del entrevistado: “Todo eso se daría a impulso del BCP y el IPS pierde margen y control sobre qué es lo que puede suceder”.
Otro aspecto central del informe fiscalizador es el incremento en los niveles de concentración bancaria de los recursos previsionales.
Mientras que a finales de 2023 el 50% de las colocadas se distribuía en dos entidades, para los periodos recientes el 70% de las inversiones quedó concentrado en tan solo cuatro bancos del sistema. En cuanto a las calificaciones crediticias, Villalba aclaró que las entidades receptoras mantienen en su mayoría notas de solvencia entre doble A (AA) y triple A (AAA), registrándose variaciones menores de entre 7% y 10% en el traspaso entre estas categorías.
Finalmente, la Contraloría aclaró que el sujeto de control del informe es el IPS y no las entidades bancarias, haciendo un llamado a la prudencia y responsabilidad en la gestión de los activos de los aportantes. “Esto no es para entrar en alarmismos, pero tampoco para tomar a la ligera porque hay mucha plata de los asegurados en juego”, concluyó.
