Royg afirmó que “existían dudas razonables sobre su nivel de solvencia” y lamentó que instituciones obligadas a administrar riesgos hayan apostado por una entidad con serias incertidumbres comerciales.
Señaló que la actuación del MEF resulta especialmente llamativa, pues la cartera estatal dispone de “información privilegiada” del sistema financiero.
Respecto al manejo previsional, enfatizó que en la gestión de los fondos de jubilación “la seguridad es tan importante como la rentabilidad”. Royg recordó que las decisiones de inversión deben equilibrar la rentabilidad con el riesgo para proteger el capital a largo plazo.
El economista cuestionó los aparentes cambios en los reglamentos y criterios del IPS que permitieron destinar fondos a una entidad con debilidad patrimonial, y alertó sobre las consecuencias directas que provocará la eventual pérdida de los más de 300 millones de dólares depositados por el IPS.
Advirtió que el impacto “le va a afectar en el bolsillo” a la ciudadanía y sentenció que “la consecuencia del probable tráfico de influencia para adecuarle el reglamento para depositar en un banco que tuviera inconveniente es que las jubilaciones van a ser menos y trabajadores y empresarios van a tener que aportar más”.
