La iniciativa popular “Chau nepotismo” ya superó por varias miles de firmas el mínimo requerido para su tratamiento en el Congreso. El senador Basilio Núñez dijo que pedirá informes a la Justicia Electoral. “Al solo efecto que no carguen urnas”, publicó.
El proyecto de ley presentado por iniciativa popular “Chau nepotismo” ya cuenta con más de 56.000 firmas en la mañana de este viernes. La cantidad requerida para su estudio en el Congreso Nacional era 48.321.
La propuesta estará disponible en la página del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para apoyarla hasta las 23:59 del domingo.
Por su parte, el senador Basilio Núñez (ANR) adelantó el jueves en su cuenta de X que pedirá informe al TSJE sobre la transparencia del proceso y la aplicación de las leyes. El legislador expresó que desconfía de la iniciativa porque son “gente involucrada con ONGs”.
“Al solo efecto que no carguen #Urnas, con el título de “iniciativa popular” pues los patrocinantes son de la @concertacionpy del FRAUDE, me refiero a @solenu, @EfrainAlegre pediré informe al @TSJE_Py sobre la TRANSPARENCIA del proceso y la aplicación de las leyes respectivas”, publicó Núñez.
El proyecto
El proyecto “Chau nepotismo” cuenta con 8 artículos y tiene por objeto evitar y penalizar el nepotismo en la función pública.
Prohíbe contratar o designar en cargos públicos o en la prestación de servicios personales y profesionales a los parientes declarados por cualquier autoridad pública. Define “parientes declarados” como integrada por cónyuges, uniones de hecho actuales o anteriores y uniones convencionales, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las autoridades públicas.
Se exceptúa de esta prohibición aquellos nombramientos, contrataciones o designaciones que se efectúen en el marco de un concurso. Agrega que el cargo de secretario privado o su equivalente no estará exento de esta prohibición.
Establece sanciones de hasta cinco años de pena privativa de libertad sin posibilidad de sustitución de la pena, más la inhabilitación de ejercer cargos públicos por 10 años. En caso de reincidencia la privación de libertad subirá a 10 años y la inhabilitación será de por vida.
La propuesta realizada vía iniciativa popular fue impulsada por Robert Cano, exviceministro de Educación; Soledad Núñez, excandidata a la Vicepresidencia por la Concertación Nacional; Estafanía Careaga; política y abogada; Raúl Ayala, exsenador; María Ester Rhoa, abogada y activista anticorrupción.
