El investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), Rodrigo Ibarrola, analizó la decisión del presidente Santiago Peña de aumentar el salario mínimo en un 5%, por encima del cálculo de inflación. “El presidente quiso quedar en algo intermedio. Como la inflación daba muy baja, subir 60.000 guaraníes no era políticamente una respuesta adecuada ante el reclamo de la clase trabajadora”, afirmó.
Ibarrola cuestionó la postura empresarial que defendía la existencia de una fórmula legal para el reajuste. “Los empresarios dicen que la ley define una fórmula, lo cual no es cierto. No hay ninguna fórmula en la ley, es mucho más discrecional para el presidente realmente”, explicó.
El investigador sostuvo que el incremento no tendría efectos significativos en el empleo ni en los precios. “No influye mucho el incremento en los precios ni en el empleo formal. No hay evidencia de que tenga mucha influencia y menos en un monto tan pequeño como este”, señaló.
Advirtió que el ajuste no sería suficiente para recuperar el poder adquisitivo de los asalariados. “El incremento es insuficiente para recuperar el poder adquisitivo de los asalariados, que viene estancado hace tiempo”, indicó.
Recordó que el salario mínimo tuvo un origen político y no estrictamente económico. “El salario mínimo inició como una cuestión política para proteger a los sectores más desprotegidos. Luego entraron criterios de eficiencia económica en costos empresariales, pero ahora volvemos a tratarlo políticamente en un marco de discusión redistributiva de ingresos y riqueza nacional”, concluyó.
