Según explicó la especialista, la propuesta toma como base la Ley 6002 de 2017 y fija penas de 4 a 15 años de cárcel, ignorando que la modificación aprobada en 2024 ya elevó los castigos a un rango de 5 a 18 años.
Ante esta rebaja del marco penal, alertó que las personas con condenas firmes podrían solicitar la revisión de sus procesos y “quedar automáticamente libres” si ya cumplieron el nuevo tope.
La jurista cuestionó la inclusión del artículo 135 C sobre “abuso bajo otras formas”, el cual pretende sancionar cualquier acto o material que afecte la percepción del menor sobre la sexualidad o su identidad biológica.
Peralta enfatizó que la percepción es un parámetro “absolutamente subjetivo” e imposible de medir, advirtiendo que esta imprecisión legal atenta contra la libertad de expresión.
En ese sentido, señaló que el redactado abriría la puerta a una “cacería de brujas” contra manifestaciones artísticas, publicaciones culturales o la defensa de derechos civiles.
