La especialista aclaró que esta cobertura no se limita únicamente al área oncológica, sino que abarca a personas con patologías degenerativas como demencias o párkinson, así como cuadros crónicos cardíacos, hepáticos o renales en diálisis.
En ese contexto, remarcó que el acompañamiento integral resulta fundamental para aliviar síntomas y orientar a los familiares cuando no saben cómo brindar confort, enfatizando que “a veces no es solo curar la medicina, sino también es acompañar”.
Asimismo, advirtió sobre la transición demográfica global ante la caída en las tasas de natalidad y una mayor expectativa de vida, señalando que “tener un envejecimiento sano es lo que aún no se está logrando”.
Por otra parte, la doctora Franco lamentó la severa escasez de profesionales e infraestructura disponible en el sistema de salud para atender las patologías degenerativas.
Al respecto, expuso que “tristemente somos muy pocos los geriatras encargados de los adultos mayores” y que la mayoría se encuentra concentrada en Asunción y el departamento Central, dejando al interior del país sin cobertura tanto en el sector público como en el privado.
A esta inequidad territorial se añade que el único hospital público oncológico existente “no da abasto” y que las políticas estatales continúan sobrecargadas por prioridades sanitarias urgentes, tales como las elevadas tasas de mortalidad materna e infantil, lo que posterga una dedicación adecuada al envejecimiento de la población.
La profesional advirtió sobre las enormes barreras económicas que enfrentan los enfermos crónicos y sus familias para costear tratamientos prolongados. Señaló con preocupación que “darle a todos una muerte digna es muy difícil porque sí lleva costo”, al punto de que muchos pacientes deben consumir todos los bienes o herencias que construyeron a lo largo de su vida durante sus últimos días.
Ante la falta de albergues para personas en situación de soledad y desamparo, recordó que el centro San Rafael —legado del sacerdote Aldo Trento— no es suficiente para la demanda existente y concluyó que el país requeriría “como 20 o 30 lugares así como para poder darle la calidad de vida y una muerte digna” a quienes transitan enfermedades incurables.
