06 dic. 2025

La Lupa

Camilo Benítez confirmó que la investigación se activó tras la presentación de una nueva declaración jurada y que ya se enviaron más de 27 pedidos de informes a instituciones públicas y privadas.
El comisario Hugo Grance confirmó que los operativos se desarrollan en el marco de investigaciones por homicidios ocurridos esta semana en el norte del país.
Pedro Halley, representante de la Unión de Jubilados del IPS, advirtió que el sistema previsional necesita cambios en gobernanza, inversiones y gestión inmobiliaria para sostenerse a largo plazo.
El comisario Hugo Grance, jefe de Investigación de Amambay, confirmó que tres homicidios registrados en Pedro Juan Caballero no guardaron relación directa entre sí, pero señaló que todos respondieron a dinámicas del crimen organizado.
María Lidia Wyder, jueza de Ejecución, explicó que el ex intendente de Lambaré debe cumplir una condena de ocho años por lesión de confianza; la orden fue apelada por la defensa, pero ratificada por la Cámara Central.
El reconocido educador y defensor del idioma guaraní reveló que padece un tumor de siete centímetros y una afección cardíaca que complica su tratamiento; agradeció el respaldo recibido y expresó su esperanza de volver a enseñar
María (nombre ficticio), familiar de una persona privada de libertad, expuso públicamente las dificultades para acceder al sistema de visitas y criticó la calidad de la alimentación y el suministro de agua.
Se trata de una pareja brasileña llegó al país hace un mes. El crimen ocurrió entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.
Un palestino nicaragüense afirmó que los ataques no cesaron completamente, que la población vive con miedo y que la destrucción de la infraestructura agrícola impide la autosuficiencia; también lamentó el incumplimiento en la entrega de ayuda humanitaria.
Ángel David González Guillén fue detenido en Ciudad del Este y señalado como el supuesto responsable de financiar el asesinato del militar ocurrido el 2 de octubre en Asunción.
La fiscal Teresa Sosa tomó declaración a una de las presuntas implicadas y confirmó que el grupo fraccionó el dinero para evitar bloqueos bancarios; el perjuicio superó los G. 73 millones y afectó a nueve cuentas.
El abogado Ricardo Preda sostuvo que la imputación por homicidio doloso no es incorrecta, pero que podría excluirse si se demuestra legítima defensa.

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