Según relató Luna, la peregrinación partió desde el Colegio Teresiano y se dirigió hacia la Catedral Metropolitana, con el objetivo de visibilizar preocupaciones sociales como la situación de los pueblos indígenas, campesinos, salud, educación y transporte. “Se nos pidió llevar carteles alusivos. Era una peregrinación religiosa, no una protesta”, explicó.
Al llegar al costado del Parlamento, tres agentes policiales detuvieron al sacerdote y le indicaron que no podía avanzar con el cartel, alegando que se trataba de un mensaje político y que infringía la Ley del Marchódromo. “Me dijeron que si seguía, me iban a tener que detener”, relató Luna.
El sacerdote intentó explicar que el cartel representaba una preocupación ciudadana, vinculada a un tema que actualmente se debate en el Congreso, pero ante la amenaza de detención y para no entorpecer la marcha del grupo, decidió dejar el cartel a un costado. Posteriormente, al regresar para recuperarlo, ya no lo encontró, y le informaron que la Policía lo había retirado.
Luna señaló que el mensaje del cartel se refería a la reforma del sistema de transporte público, en medio de un contexto legislativo donde se postergó por 30 días el tratamiento de un proyecto de ley presentado por diputados de la oposición. “Mientras tanto, el gobierno anunció un plan de reforma, pero no avanza. Y los empresarios siguen presionando para mantener el subsidio, que no es una solución”, afirmó.
El sacerdote criticó que las autoridades impidan visibilizar problemas que afectan a la ciudadanía, y sostuvo que el sistema de transporte sigue siendo ineficiente, a pesar de los recursos públicos destinados a su sostenimiento. “Hay que trabajar en función de la gente, no de los intereses empresariales o políticos”, concluyó.
