“Recibí el informe a las 07:45 del sábado. Decía ‘Intervención Policial y Acompañamiento de Madre de Persona Usuaria de Sustancia Estupefaciente’, hecho que salió en redes y en televisión”, indicó Ledesma.
El personal de la comisaría de Loma Pyta se constituyó en el domicilio, dialogó con la madre y reconoció la gravedad de la situación, pero confirmó que el joven no quería someterse a ningún tratamiento, ni acudir a profesionales. “La madre dijo que él solo quería que lo dejen drogarse en paz”, expresó.
La comisario recordó que el artículo 4º de la Constitución Nacional de 1992 establece que todo tratamiento médico debe contar con el consentimiento del paciente, incluso en casos de consumo activo.
Por tanto, el personal policial no podía obligar al joven a recibir atención especializada, ni trasladarlo esposado a un centro médico. “Allí entran en juego los derechos humanos. No podemos hacer tratamientos por la fuerza”, explicó.
Ledesma reconoció que la Policía no está capacitada para ejecutar abordajes médicos, y que en este caso la negligencia fue más administrativa que operativa, aunque señaló que la respuesta del personal debió ser más orientadora.
Destacó que el Hospital de Loma Pyta cuenta con psicólogos, psiquiatras y gestores de casos disponibles de lunes a viernes, y que desde ahora el equipo médico iniciará un trabajo directo con la madre y la familia del joven, buscando generar condiciones de abordaje respetando los derechos del paciente.
“Hoy no hay mamá, papá, policía ni amigo que sepa cómo tratar correctamente. Solo especialistas en salud mental pueden intervenir. Por eso, tenemos que trabajar primero con la familia”, aseguró Ledesma.
Ledesma lamentó que la ciudadanía desconozca el alcance del Plan SUMAR, y explicó que hoy cada hospital cabecera cuenta con profesionales capacitados para tratar casos de adicción y trastornos psiquiátricos. “Antes solo teníamos un centro especializado. Hoy ya existen hospitales con equipos multidisciplinarios, pero no se difunde lo suficiente”, indicó.
