En entrevista, el jurista argumentó que el derecho no puede construirse desde la emoción, y advirtió que la iniciativa responde a casos aislados que no representan la realidad penal del país.
“Lo que él sienta en el corazón es absolutamente irrelevante para el derecho. El derecho es algo racional, no es algo emocional. Si él legisla con el corazón, entonces tiene que dedicarse a otra cosa, no a hacer normas”, declaró Irrazabal en relación con los fundamentos presentados por el diputado.
El abogado criticó que hasta el momento no se presentó ningún estudio sobre la ineficacia de las penas actuales ni sobre el impacto concreto que tendría la prisión perpetua en el sistema judicial. “No se trata de legislar una cosa sin sustento científico y empírico que le pueda sostener a esa reforma”, explicó.
Irrazabal reconoció que la prisión perpetua puede ser legislada en Paraguay, ya que no existe un impedimento constitucional ni convencional. Sin embargo, insistió en que su implementación debe responder a una necesidad real y no a presiones emocionales o mediáticas.
El jurista desglosó los tres ejes centrales del proyecto presentado por Rubin: la prisión perpetua revisable a partir de los 50 años, el aumento de penas para homicidios cometidos contra funcionarios públicos y periodistas, y la regulación del “dolo eventual” en accidentes de tránsito graves.
Irrazabal consideró que el proyecto se basó en casos puntuales de alto impacto público, pero que no representan la dinámica habitual del sistema penal paraguayo. “Ya puede intuirse de dónde viene la mano. Son casos que no suceden normalmente en Paraguay, aunque ocurran en número alto, no son comunes”, afirmó.
También se refirió brevemente a propuestas radicales que resurgen tras casos de violencia extrema, como la pena de muerte o la castración química. “Eso no tiene ningún sentido. Es mejor ignorarlos y no darles visibilidad”, dijo al recordar que tras el asesinato de una niña, un político volvió a hablar de castración química sin fundamentos válidos.
El abogado pidió centrarse en reformas que fortalezcan el sistema judicial y penitenciario, antes que avanzar en punitivismos populistas que carecen de rigor legal.
