Cabrera aseguró que el procedimiento se ajustó a protocolos regulares, pese a la gravedad del caso y el contexto de muerte violenta. “Para mí fue un procedimiento regular, con la diferencia de la edad”, declaró.
La forense afirmó que no identificó lesiones genitales visibles, ni signos evidentes que indicaran abuso sexual al momento de la inspección. “Tiene indicios de que fue ahorcada, arrastrada, tiene signos de estrangulamiento. En ese momento, no (abuso)”, explicó. “No contaba con lesiones en la parte genital ese día”, añadió.
Cabrera afirmó que cumplió con todos los protocolos establecidos para una muerte con presunción de criminalidad, aunque reconoció las limitaciones propias del procedimiento sin acceso a estudios complementarios. “Según yo, cumplimos con todos los protocolos, por eso no sugerí mandar al laboratorio forense”, sostuvo.
Ante la polémica generada por la omisión de la autopsia, la profesional admitió que “tremenda equivocación como tal, no”, y defendió su actuación. “No digo que soy deficiente, pero puede ser que por eso no haya completado como debió de ser. Pero yo estoy segura del procedimiento que realicé”, expresó.
La decisión generó cuestionamientos de profesionales forenses y de la ciudadanía, ante la posibilidad de que una inspección preliminar no pueda descartar completamente un abuso sexual, especialmente en casos con antecedentes de agresión previa. Cabrera reiteró que su evaluación se centró en los signos de violencia evidentes, como estrangulamiento y arrastre, y que no observó elementos suficientes para requerir estudios más extensos.
La niña fue encontrada atada con su propio pantalón al cuello y a un árbol, a 200 metros de su casa, el lunes por la noche, horas después de que su madre la reportara como desaparecida. El único sospechoso detenido en el caso es un joven de 24 años, que había sido condenado por intento de abuso contra la misma menor en 2022 y fue liberado condicionalmente hace dos meses.