La vicepresidenta del Colegio de Escribanos, Katia Ayala, explicó que los notarios públicos son sujetos obligados desde hace años por la Ley 1015 de lavado de dinero y que deben reportar operaciones en efectivo a partir de los 50 mil dólares. “Tiene que ser inmediato, porque esa es la función del notario, prevenir y evitar el delito”, afirmó.
Ayala cuestionó el sistema actual de reportes y señaló que existen demoras en la llegada de los informes a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD). “Realmente está mal encarado todo este sistema. Muchas veces ese informe no llega en tiempo y forma a la Secretaría de Prevención”, indicó.
La representante del gremio recordó que los escribanos presentan informes trimestrales mediante la plataforma CIDRO, en coordinación con la Corte Suprema de Justicia. “Ese informe trimestral lo utiliza tanto la Secretaría de Prevención como la Corte Suprema de Justicia”, explicó.
Advirtió que los notarios quedan expuestos al riesgo de represalias al ser identificados como responsables de las denuncias. “Nosotros no deberíamos estar expuestos ante las partes, porque allí estaríamos en riesgo de venganza o de algún ilícito”, sostuvo, al proponer la creación de un órgano centralizado de prevención.
Resaltó que el Colegio de Escribanos mantiene reuniones con autoridades de SEPRELAD para modificar las disposiciones vigentes. “En noviembre tuvimos reunión con el viceministro y sus colaboradores en referencia a que esas disposiciones deben ser modificadas”, remarcó.
