La diputada Johanna Ortega informó que emprenderá acciones legales contra personas que, según sus declaraciones, difundieron información falsa sobre su familia y su actividad política.
Ortega expresó que los ataques afectaron tanto a ella como a su familia y que la información divulgada sobre su esposo no corresponde a la realidad. “Voy a emprender acciones legales contra todas esas personas que faltaban a la verdad, como se referían a mí y a mi marido”, afirmó. Según la diputada, su esposo nunca trabajó en la Municipalidad de Ciudad del Este, ni como funcionario ni como prestador de servicios.
Las publicaciones, que circularon ampliamente en redes sociales, mencionaban que el esposo de la legisladora percibía un salario de 17,5 millones de guaraníes y vinculaban su apoyo al intendente Miguel Prieto con este supuesto beneficio. “La verdad es que mi marido nunca trabajó para la municipalidad de Ciudad del Este, ni directamente, ni prestó servicios, ni como funcionario municipal en ningún momento”, señaló Ortega.
La diputada también indicó que las acusaciones surgieron en un contexto político delicado, marcado por el debate sobre una posible intervención de la comuna de Ciudad del Este. “Esos ataques vienen en un momento muy sensible políticamente, donde hay debate sobre la posible intervención de la comuna”, explicó.
Ortega precisó que una de las personas que difundió la información falsa fue el senador Javier Zacarías Irún, cuyas publicaciones fueron replicadas por otros medios y usuarios en redes sociales. “Las publicaciones empezaban con publicaciones suyas, o sea, todo lo otro sale a reproducir las noticias que él presentó”, aseguró.
En cuanto a la acción legal, la diputada indicó que su equipo jurídico está evaluando una querella contra Zacarías Irún y otras personas que publicaron o reprodujeron la información errónea. “También estamos evaluando una querella, por supuesto, más detalles los dará mi abogado en conferencia”, señaló.
Según Ortega, algunas publicaciones presentaron documentos supuestamente vinculados a su esposo, pero estos estarían alterados o no corresponderían a su situación laboral. “Mostraban documentos falseados, documentos falsos”, declaró.
La diputada sostuvo que su esposo tuvo un contrato como profesional independiente con otra entidad en Asunción, lo que no guarda relación con la municipalidad de Ciudad del Este.
