La fiscal Yeimy Adle, encargada de la investigación penal contra Pastor Soria, ex titular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), afirmó este lunes que la red de cobros ilegales para certificar importaciones frutihortícolas involucró a funcionarios públicos y actores externos, y se sustentó en un esquema sostenido de pagos por autorización de documentos.
“Uno de los comerciantes me dijo que pagó hasta 25 millones de guaraníes por un solo documento”, reveló la fiscal. Añadió que todavía no pudo establecerse un monto total recaudado, ya que las declaraciones siguen llegando cada semana. “A algunos les cobraban 5 millones, a otros 10. Algunos importadores necesitaban dos acreditaciones por semana, y los pagos se realizaban en efectivo o por transferencia”, explicó.
Sostuvo que el esquema se estructuró desde la oficina de Senave hacia una red de operadores que actuaban dentro y fuera del entorno institucional. Según los testimonios recabados, los importadores primero hablaban con Soria, quien luego les enviaba los números de contacto de Miguel Ángel Báez y Martín Lezcano, quienes facilitaban los trámites e inducían los pagos.
“A través de estos intermediarios, se ligó a personas externas a Senave, incluso en el Mercado de Abasto”, declaró Adle. Los involucrados utilizaron contactos telefónicos y encuentros personales para coordinar la entrega de dinero y la emisión de certificados.
Respecto al destino de los fondos, la fiscal indicó que algunas transferencias se dirigieron a la cuenta bancaria personal de Pastor Soria, y otras a la empresa Somed SRL, vinculada al funcionario imputado. “No puedo afirmar que en todos los casos haya ocurrido eso, pero en los pagos que estamos rastreando figuran montos más elevados, superiores a los 10 millones, en ambas cuentas”, señaló.
Adle explicó que el Ministerio Público aún no está en condiciones de proporcionar una cifra aproximada del volumen total recaudado, ya que la causa sigue acumulando declaraciones de víctimas, especialmente importadores frutihortícolas que operan en el Mercado de Abasto.
La fiscal prefirió no especular sobre el alcance económico del esquema, pero admitió que la magnitud del caso superó lo que suele considerarse un acto aislado o esporádico. “La investigación avanza, pero será al finalizar el proceso que podremos dimensionar con precisión el daño económico que esta red causó”, concluyó.
