El contralor general de la República, Camilo Benítez, confirmó que la Contraloría General de la República (CGR) inició un examen de correspondencia patrimonial al presidente de la República, Santiago Peña, tras un pedido voluntario del propio mandatario. La decisión se dio luego de que Peña presentara una nueva declaración jurada de bienes, lo que habilitó legalmente el inicio del proceso.
“Se puede hacer, en especial porque él ya terminó su mandato en el pasado y nunca se le hizo una revisión”, explicó Benítez y recordó que la ley establece que el examen de correspondencia debe realizarse al término del mandato, pero consideró que la situación actual ameritaba una excepción. “Para mí sería un despropósito, una actitud un poco negligente no tomar en serio esto y hacer lo que esté en nuestras manos hacer”, afirmó.
Benítez explicó que anteriormente la Contraloría no podía iniciar el análisis porque no contaba con una segunda declaración jurada actualizada que permitiera comparar el crecimiento patrimonial. “Antes era imposible hacerlo sin tener esa segunda declaración contra la cual comparar el crecimiento”, sostuvo. Con la nueva presentación del presidente, la CGR activó el procedimiento.
“El día de ayer enviamos 27 circularizaciones o pedidos de informes a instituciones públicas y privadas”, confirmó el contralor. Entre las entidades consultadas se encuentran la Corte Suprema de Justicia, la Dirección Nacional de Catastro, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, el Banco Central del Paraguay y la propia Presidencia de la República. “También hay otros pedidos que van al sector privado, al sistema financiero para ver si es verdad o no el cambio accionario que él abuse de haber realizado”, agregó.
Benítez indicó que la Contraloría también solicitó información a la empresa constructora encargada de la vivienda del presidente en San Bernardino. “Queremos saber si él pagó o no, cuánto pagó, cómo pagó, qué facturas emitieron con relación a la construcción de su casa”, detalló. El objetivo es cerrar el circuito de verificación y realizar un análisis técnico completo.
Explicó que el estudio se centrará en dos aspectos: si efectivamente hubo un crecimiento patrimonial y si ese crecimiento se justificó con ingresos formales. “La declaración no es la misma en el inicio que la actual, hubo una modificación dentro de su patrimonio”, señaló. En caso de que el aumento patrimonial se haya producido fuera del ejercicio de la función pública, la CGR solo podrá intervenir si se detecta un origen ilícito. “Salvo que de los pedidos de informe surja que el origen sea ilícito, por ejemplo”, aclaró.
Consultado sobre la credibilidad del proceso, defendió la independencia y el profesionalismo de su equipo. “Yo creo, espero, humildemente haber dado ya pruebas suficientes de nuestra imparcialidad, nuestra objetividad y nuestra capacidad técnica”, afirmó. El contralor recordó que los funcionarios de la CGR son personalmente responsables por los actos ilícitos que omitan denunciar. “El peso de la ley para la complicidad es enorme”, advirtió.
Benítez insistió en que el análisis se basará exclusivamente en evidencia documental. “Yo solamente me voy a basar en evidencia para sostener o que hubo o que no hubo crecimiento indebido de su patrimonio”, aseguró. Reconoció que el caso generará críticas desde distintos sectores, pero reiteró su compromiso con la transparencia.
