Ruiz Díaz aseguró que el gobierno adeuda los meses de mayo y junio, y que la demora impacta directamente en la viabilidad operativa de las empresas transportistas. “Está vencido el mes de mayo y está vencido el mes de junio. Tenemos que dejar ese juego de palabras”, sostuvo el empresario.
Fernández había afirmado que solo mayo está pendiente de pago, con 15 días de retraso por tratarse de una carpeta aún en evaluación técnica, pero Ruiz Díaz consideró esa postura como una excusa administrativa que ignora la urgencia económica del sistema.
“Si ellos tienen la incapacidad de analizar las carpetas en cinco o diez días, ese no es nuestro problema. El problema es que están jugando con la economía de las empresas”, remarcó.
Ruiz Díaz enumeró cinco puntos clave que evidencian una coincidencia profunda entre el gobierno y los empresarios del transporte, lo que, según él, debería facilitar la ejecución de políticas concretas sin dilaciones:
Ambas partes reconocen que el subsidio no es sostenible. “El transportista tampoco quiere que se le pague el subsidio desde el año 2021. Hay notas presentadas”, dijo.
El pago por kilómetro recorrido fue propuesta del gremio en 2016. “El gobierno lo plantea ahora, pero está publicado que lo propusimos hace ocho años.” La revisión de la tarifa técnica por parte de la ANCP fue solicitada por el gremio desde el año 2000.
Ambos lados desean una reforma estructural del sistema. “El transportista espera una ley desde 2014, cuando desapareció SETAMA y nos prometieron un ministerio.” El bienestar de los pasajeros es objetivo común. “El gobierno quiere lo mejor para los pasajeros, y nosotros también.”
Ruiz Díaz enfatizó que, a pesar de estas coincidencias, el gobierno no ejecuta ninguna medida concreta, y que la única diferencia estructural entre el Estado y el gremio es quién toma las decisiones. “El único que tiene la decisión en sus manos para que todo esto se cumpla es el Ministerio de Transporte”, sentenció.
El empresario remarcó que los problemas del servicio, como la presencia de buses obsoletos y el exceso de espera en las paradas, derivan directamente de la falta de exigencia estatal y una estructura tarifaria que no incentiva la renovación.
“¿Por qué ponen que la edad máxima de los buses sea de 20 años? ¿Por qué no 15 o 10? Entonces, a los 10 años se da de baja y se compran nuevos. Pero eso tiene su costo, y nadie lo contempla”, apuntó.
Ruiz Díaz expresó que el sector necesita respuestas claras, cumplimiento de plazos y reglas con impacto real, no análisis indefinido de carpetas ni ajustes por goteo. “Las empresas no pueden vivir de juegos semánticos. Necesitamos planificación y liderazgo”, concluyó.
La reunión tripartita entre gremios, autoridades laborales y el Ministerio de Transporte continuará el viernes 18 de julio. Allí se definirá si los empresarios avanzan con la medida de fuerza anunciada para la próxima semana.
