Maricarmen Sequera, directora ejecutiva de la organización TEDIC, denunció que la Policía Nacional incurrió en prácticas de vigilancia ilegal durante la convocatoria y desarrollo de la movilización de la Generación Z, realizada el domingo pasado en Asunción. La especialista en derechos digitales advirtió que el monitoreo previo de redes sociales y la solicitud de datos a proveedoras de internet se realizaron sin que existiera una conducta delictiva que justificara la intervención estatal.
“No necesariamente son catalogadas como fuentes abiertas”, afirmó Sequera al referirse a los grupos de mensajería y redes sociales que fueron objeto de seguimiento por parte de la Policía. La directora explicó que las fuentes abiertas requieren una metodología específica que permita etiquetar y seguir el comportamiento público de los usuarios. “Estamos hablando de redes abiertas cuando las personas tienen perfiles abiertos en sus redes sociales, que pueden ser TikTok, Instagram”, señaló.
Aclaró que el uso de herramientas de seguimiento digital no es exclusivo de las fuerzas de seguridad. “Estas herramientas lo que hacen es catalogar y etiquetar mejor para poder hacer un seguimiento del comportamiento de un usuario o de las huellas digitales que una persona deja públicamente en las redes”, explicó. Sin embargo, advirtió que el problema surge cuando se accede a información cifrada o privada sin autorización judicial.
“Estamos hablando de una vigilancia, obviamente, de parte de la Policía de manera ilegal, porque no están haciendo nada ilegal, es simplemente una organización a una protesta”, sostuvo. La directora de TEDIC denunció que las autoridades solicitaron información a las proveedoras de internet sin que existiera proporcionalidad ni indicios concretos de delito. “Están investigando de manera previa, solicitando información a las proveedoras de internet”, afirmó.
Sequera también se refirió al marco normativo vigente en Paraguay. “Más allá de que exista o no la Ley de Datos Personales, que ojalá este año ya tengamos, si el Congreso hoy no está discutiendo la ratificación o la rectificación de la versión de senadores, en noviembre ya habrá una sanción ficta”, indicó. La directora celebró que la ley haya avanzado, pero lamentó que aún no exista una reglamentación que garantice su aplicación efectiva.
La especialista recordó que desde hace una década existe la Ley Pyraweb, que obliga a las proveedoras de internet a conservar datos de tráfico. “Hoy no solamente la Policía tiene acceso a datos a pedido de las proveedoras de internet, como el cruce de llamadas, que es la más fácil porque ya almacenan esa información, sino que ahora con la conservación de datos pueden hacer un análisis de comportamiento”, explicó.
Sequera advirtió que el Estado puede construir perfiles digitales de ciudadanos a partir de fuentes abiertas y solicitudes judiciales. “Ellos pueden hacer un análisis de comportamiento de todas esas fuentes abiertas, más solicitudes con orden judicial a estas proveedoras para poder investigar perfiles”, explicó.
