06 dic. 2025

Abogado denuncia transgresión a la privacidad en monitoreo de redes por parte de la Policía

El abogado Juan Pablo Irrazábal afirmó que el Estado no puede justificar el ingreso a grupos cifrados como Telegram o WhatsApp bajo el argumento de “fuentes abiertas” y alertó sobre el uso indebido de datos sin indicios concretos de delito.

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El abogado penalista Juan Pablo Irrazábal criticó duramente el accionar de la Policía Nacional en el marco de la investigación sobre la movilización de la Generación Z, realizada el pasado domingo en Asunción. El jurista calificó como “incorrecto” el argumento de que los grupos de mensajería como Telegram o WhatsApp constituyen “fuentes abiertas” y advirtió que el ingreso del Estado a estos espacios virtuales representa una transgresión a la privacidad de los ciudadanos.

“Lamentablemente yo disiento, no es correcto el argumento de los policías”, afirmó Irrazábal. El abogado explicó que las plataformas de mensajería cuentan con sistemas de cifrado diseñados precisamente para proteger las comunicaciones de los usuarios frente a cualquier tipo de acceso, incluso por parte del Estado. “Todas tienen un cifrado, por algo está ahí. No es que está nomás para que un particular no lea, es para que el Estado no tenga acceso a nuestras comunicaciones”, sostuvo.

Señaló que el ingreso de funcionarios policiales a grupos de Telegram mediante enlaces públicos no puede considerarse una acción legítima si no existe una sospecha fundada de delito. “No es el comisario el que ingresó al grupo de Telegram. Es el Estado a través del funcionario, el comisario, el que entró al grupo de WhatsApp, que se vio al grupo de Telegram a través de un link público”, explicó. El abogado cuestionó el propósito de esa intervención. “¿Para qué entró el Estado paraguayo a través del comisario al grupo de Telegram? Para buscar algo. ¿Interés en la manifestación? Claramente no”, afirmó.

El jurista también se refirió al volumen de participantes en los grupos monitoreados. “Tengo entendido que eran como 500 o hasta 1000 personas. Creo que llegó al tope en un momento”, indicó. Irrazábal explicó que la administradora del grupo no puede controlar lo que dicen los demás miembros, y que la presencia de mensajes aislados no constituye por sí sola un delito. “Dentro de esas 999 personas, lógicamente va a haber alguien que diga ‘vamos a ir a prenderle fuego a tala cosa’. Ahora, ese no es el problema”, sostuvo.

Según Irrazábal, el delito se configura únicamente cuando hay aceptación y convencimiento colectivo para ejecutar una acción concreta. “El problema va a ser cuando se configure un delito, cuando esa persona que dijo ‘vamos a ir a quemar tal edificio’ empieza a tener aceptación y se logra el convencimiento dentro del grupo de ir a manifestarse y prenderle fuego. Entonces ahí sí hay un delito y ahí amerita que haya una intervención fiscal”, explicó. El abogado aseguró que ese tipo de evidencia no apareció en los chats revisados por la Policía.

Irrazábal acusó a la Policía de actuar con sesgo político. “Solamente entró la Policía, lamentablemente, para buscar algo que le moleste. Y con eso que sí o sí lo va a encontrar”, concluyó.

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