Robert Marcial González, abogado constitucionalista, manifestó este lunes que la decisión del Ministerio Público de comunicar por segunda vez a un Juzgado Penal de Garantías su pedido de desafuero contra el ahora senador Erico Galeano se trata de una estrategia conveniente para la investigación.
Sostuvo que por norma general, el desafuero ya aplica para todo el proceso de una causa. Sin embargo, señaló que en el caso particular de Galeano, la Fiscalía busca resguardar la investigación anticipándose a posibles recursos que pudiere presentar la defensa.
“Haciendo un poco de abstracción, para cualquier caso aplicaría que el desafuero aplica para situaciones concretas, así que una vez removida la inmunidad, esa persona queda enganchada al proceso o a la investigación concreta ya para todas las contingencias que vayan surgiendo”.
“En el caso concreto, ellos lo que están haciendo es cuidar todo el trabajo que vienen haciendo porque están realmente interesados en llegar a un resultado, es decir, a una condena. Entonces están previendo algunas situaciones que predeciblemente van a ocurrir en el marco de la investigación: planteo de nulidades, denuncias de irregularidades, etcétera. Entonces, lo que están haciendo es: a riesgo de duplicar el trámite, están salvando la investigación para que aquí a un par de años no se le ocurra a un juez agarrarse de una supuesta omisión o incumplimiento formal para anular todo el trabajo”.
“Es una decisión estratégica muy conveniente, desde el punto de vista jurídica, porque les deja sin un argumento a quienes van a ejercer la defensa de Erico Galeano”.
Los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak pidieron este lunes a un Juzgado Penal de Garantías que comunique los antecedentes del legislador a la Cámara de Senadores para que esta resuelva quitarle sus inmunidades parlamentarias.
El documento señala que Galeano se encuentra investido de inmunidades “en razón a que ha jurado como Senador de la Nación”, el pasado viernes.
El exdiputado y ahora senador Erico Galeano se encuentra procesado por lavado de dinero y asociación criminal.
La Cámara de Diputados había resuelto desaforarlo antes de que jure como senador, por lo que el juez Gustavo Amarilla admitió la imputación contra el legislador y lo procesó.
