Según el funcionario, esta medida busca evitar que las compañías utilicen esta figura contable de forma indefinida para postergar el pago del Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU), el cual tiene una tasa del 8%.
Actualmente, las empresas tienen dos opciones principales para sus ganancias: capitalizarlas (que no paga impuestos pero requiere reinvertir en la empresa) o distribuirlas entre los accionistas (lo que genera el pago del impuesto).
Sin embargo, existe una “laguna legal” que permite mantener el dinero en reserva de manera permanente sin tomar una decisión, lo que Orué calificó como una “flexibilidad innecesaria” y un “abuso” por parte de ciertos sectores con flujo de caja que llevan 4 o 5 años sin capitalizar ni distribuir.
Orué aclaró que no se trata de un impuesto nuevo, sino de una reglamentación de las reglas actuales. Se estima que esta clarificación podría generar una recaudación de entre 80 y 100 millones de dólares en un periodo de tres años.
La normativa no afectará a las empresas que ya distribuyen sus utilidades anualmente.
