La Cámara Baja tiene en su agenda estudiar la interpelación a la ministra de Salud y al director del Incán por la situación del centro para pacientes con cáncer. El oficialismo votaría por rechazar la propuesta.
La Cámara de Diputados tiene en su orden del día de la sesión ordinaria de este miércoles la interpelación a la ministra de Salud María Teresa Barán y al director del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) Raúl Doria.
Legisladores de la oposición advirtieron que el Partido Colorado rechazará la interpelación, según informó la periodista Mariela Fretes.
Los proyectistas mencionan en el documento las “llamativas circulares 17 y 18 del 2024, además de las consabidas faltas de medicamentos e insumos”.
Dichas circulares prohibían prescribir medicamentos o pedir estudios que no están disponibles en el hospital. Las mismas fueron anuladas tras salir a la luz y el secretario general del instituto, Gustavo Campos, fue destituido.
CuestionarioLos proyectistas del Partido Liberal, Encuentro Nacional y otros partidos opositores piden al director del Incán información sobre la ejecución presupuestaria desde su asunción al cargo sobre medicamentos en pacientes oncológicos con diagnóstico crítico.
También piden datos sobre las acciones que se han realizado para cumplir con el stock de medicamentos, el procedimiento de la institución ante el reclamo de medicamentos solicitados vía judicial, el motivo de los circulares 17 y 18.
Asimismo, preguntan en qué casos se sustituyen los medicamentos de los pacientes con orden judicial teniendo en stock el medicamento recetado por el médico tratante.
A la ministra de Salud le consultan desde cuándo tiene conocimiento de la “crisis que está atravesando” el Incán, cuáles son las acciones concretas que el ministerio toma para paliar la escases de insumos y medicamentos, si conoce del cambio de medicación a pacientes con orden judicial.
Además, si conoce el destino de los medicamentos sobrantes de pacientes que no completaron el tratamiento y de qué recursos o rubro destinará fondos para la compra de medicamentos oncológicos para cubrir “el despojo de los G. 85.000 millones, que tuvo lugar con la creación de la Ley Hambre Cero”.
