En primer lugar, la falta de infraestructura vial y de carriles exclusivos que permitan elevar la velocidad promedio de los buses y reducir los costos operativos.
En segundo término, reclamó la necesidad de previsibilidad en las compensaciones estatales para poder exigir un servicio de calidad.
Por último, cuestionó el marco legal vigente para la renovación de la flota, advirtiendo que la ley “morirá por asfixia financiera” ante la falta de recursos y garantías del Estado para la adquisición de nuevas unidades.