13 oct 2026

Jueza admite fallas del sistema tras feminicidio: “Fallamos todos”

La camarista penal del departamento Central, María Teresa de Daniel, realizó una profunda autocrítica institucional tras el asesinato de Deisy Paola Giménez en Lambaré, lamentando que el Estado no haya podido impedir el crimen pese a que la víctima denunció las agresiones y obtuvo medidas de protección en el juzgado de paz.

Especialista en DDHH aboga por protocolos claros en casos de violencia.webp

Al analizar las circunstancias del trágico suceso, la magistrada reconoció con impotencia que “el interés es que por supuesto la justicia llegue antes de que esta violencia termine en tragedia”, pero explicó que las restricciones dictadas dependen únicamente de un “control aleatorio de la Policía Nacional” que resultó insuficiente para frenar el ataque.

Frente a la falta de respuestas efectivas que salven la vida de las mujeres amenazadas, la jueza sentenció que “evidentemente falló todo, fallamos todos”. Como posibles vías de solución técnica, De Daniel planteó evaluar la aplicación de tobilleras electrónicas y dispositivos de alerta temprana, aunque advirtió que la inminencia de los ataques sorpresivos limita la utilidad de los botones de pánico.

Asimismo, propuso analizar experiencias internacionales como la de España para crear un fuero judicial especializado de primera instancia abocado exclusivamente a la violencia doméstica y a la tutela de los derechos de la mujer, iniciativa que requerirá un estudio formal y disponibilidad presupuestaria.

La magistrada también remarcó la urgencia de convocar una mesa de trabajo interinstitucional entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y los centros de acogida que contemple la salud mental y brinde respaldo económico a las denunciantes, recordando que muchas víctimas quedan atrapadas en un “espiral de violencia” y solo acuden a la justicia cuando las agresiones alcanzan a sus hijos.

Finalmente, la magistrada cuestionó que el mero endurecimiento de las penas sea un remedio suficiente, señalando que aunque la violencia intrafamiliar fue elevada a crimen y el feminicidio contempla penas de hasta 40 años con medidas de seguridad, estas reformas punitivas no se han traducido en una reducción en los tribunales.

Para graficar la magnitud del problema, reveló que hasta septiembre el departamento Central ya sobrepasó las 8.000 denuncias por violencia doméstica, proyectándose que la cifra alcance entre 11.000 y 12.000 casos hacia fin de año impulsada por las fiestas.

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