La exdirectora de Auditoría del Instituto de Previsión Social (IPS), Alicia Olazar, recordó que en abril de 2024 remitió al Consejo de Administración un informe categórico sobre el contrato para la provisión de quirófanos modulares. “Ese informe de auditoría fue emitido en los primeros días de abril del año 2024 y fue elevado al consejo de administración”, explicó.
Olazar señaló que el trabajo se realizó a pedido del Consejo, que solicitó ampliar el dictamen de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). “Nos hemos ratificado en la mayoría de sus observaciones, excepto en una sobre la aplicación de multas. Nuestro informe exponía ya la identidad de todos los responsables por cada proceso, a los efectos de la eventual aplicación de sanciones”, afirmó.
La exdirectora indicó que el informe concluyó que la principal falencia estuvo en la planificación. “La falencia principal fue en la planificación, en la solicitud de ese llamado, en la adjudicación y en la aprobación. Posteriormente vinieron las demás irregularidades: adendas, extensiones de plazos, justamente porque era imposible el cumplimiento en ese momento”, sostuvo.
Recordó que el dictamen fue derivado a la Dirección Jurídica, que solicitó la apertura de un sumario administrativo, pero este no fue aprobado por algunos consejeros. “La auditoría interna lo que hizo en ese momento fue decir: esto es así, está corroborado, estas son las falencias y estos son los responsables”, expresó.
Finalmente, aclaró que, aunque los equipos fueron entregados y recibidos, las responsabilidades administrativas persistieron. “Independientemente de que haya o no un daño patrimonial, responsabilidades administrativas existen. Los equipos están en el predio, pero eso no exime las responsabilidades emergentes”, remarcó.
