El viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, declaró que los amparos judiciales relacionados con medicamentos generan serios inconvenientes en el sistema sanitario. “Los amparos que fueron dictados en contra del IPS están en relación a medicamentos que el propio IPS compraba y dejó de comprar. Entonces, generó también inconvenientes”, señaló.
Recalde recordó que el fenómeno del amparo constitucional es un derecho establecido en la Carta Magna, pero que las indicaciones indiscriminadas de algunos médicos agravan la situación. “Los fenómenos que se fueron experimentando fueron justamente las indicaciones indiscriminadas y no bien realizadas por un grupo de colegas. Eso es una situación que no podemos negar”, afirmó.
El viceministro indicó que el Ministerio de Salud recibió entre 1.500 y 1.600 amparos en los últimos dos años, un aumento significativo respecto a los 256 registrados entre 2019 y 2020. “Era un fenómeno que fue aumentando de manera sostenida en los últimos tres a cuatro años”, explicó. Añadió que la conformación de un comité técnico y de una comisión multidisciplinaria busca evaluar los casos, pero que se necesita además una normativa clara sobre cómo pedir y aprobar los amparos.
Denunció que los medicamentos se venden a precios elevados. “Soy responsable por lo que digo. Los empresarios van a decir: el Estado paraguayo, ¿a qué frecuencia paga? ¿En seis meses, en diez meses, en quince meses? Sí, el Paraguay tiene una diferencia en relación a los tiempos de pago, y eso también es una realidad”, expresó.
Subrayó que el problema no se limita a la receta médica, sino también al costo de los fármacos. “Nosotros tenemos que saber a qué precio traen los importadores la medicación, y si eso es justo. Ese precio debe aplicarse a la población paraguaya y al gobierno paraguayo”, afirmó.
