El contralor general de la República, Camilo Benítez, defendió los pedidos de intervención a las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, asegurando que la Constitución Nacional le otorga la facultad de solicitarlos ante la detección de graves irregularidades.
Benítez destacó que la estrategia institucional de la Contraloría se desarrolló conforme a los principios de fiscalización y control establecidos en la Constitución. “La Constitución habilita a la Contraloría solicitar una intervención”, afirmó, aclarando que la institución está facultada en tres circunstancias distintas para hacer estos pedidos.
Además, subrayó que no existe duda sobre la legitimación de la Contraloría para actuar en estos casos, aunque reconoció que algunos sectores cuestionaron el momento en que se realizaron los pedidos. “Lo que acá se podría criticar es el porqué ahora o el porqué no otros”, sostuvo.
El contralor explicó que la solicitud de intervención de Asunción se fundamentó en la emisión de bonos utilizados para gastos corrientes, como el pago de salarios, sin respaldo documental. “Sumado a esto, no hay papeles que respalden”, indicó.
En el caso de Ciudad del Este, denunció la existencia de operaciones con ONG sin documentación válida y el uso de facturas falsas. “Las operaciones a ONG tampoco tienen respaldo y las facturas son falsas”, aseguró.
Benítez mencionó que ambos intendentes enfrentan imputaciones por lesión de confianza y que la Fiscalía solicitó la profundización de investigaciones. “Nos pidieron que sigamos investigando a fondo la emisión de los bonos en Asunción y que volvamos a hacer la auditoría sobre la Costanera en Ciudad del Este”, reveló.
Sin embargo, expresó su desacuerdo con la necesidad de reiterar fiscalizaciones que ya habían sido realizadas. “No me parece institucionalmente correcto que reiteremos las fiscalizaciones que ya habíamos avisado antes”, señaló.
El contralor justificó la solicitud simultánea de intervención para ambos municipios, argumentando que los dos cumplían con los mismos requisitos. “Si yo hacía por separado los pedidos, podría ocurrir que uno corriera y otro no”, explicó.
Añadió que esperaba una reacción positiva ante su decisión. “Pensaba que esto iba a ser el acto más aplaudido del año, de tener el coraje de pedir la intervención ante semejantes irregularidades”, declaró.
Benítez también se refirió a su trayectoria profesional y descartó estar influenciado por intereses políticos. “Mi transitar en este lugar tiene que ir con cosas que ayudarán a la gente”, afirmó, rechazando acusaciones de parcialidad dentro de la Contraloría.
“Nosotros prohibimos la actividad partidaria dentro y fuera de la Contraloría”, sostuvo, haciendo referencia a la designación de José Luis Torales como presidente del Partido Encuentro Nacional tras su salida de la institución.
Finalmente, el contralor reafirmó su compromiso con la transparencia en entidades clave del Estado. “He sido el impulsor de leyes que obligan a Itaipú y Yacyretá a transparentar sus gastos”, indicó, asegurando que continuará activando los mecanismos necesarios para fiscalizar estas instituciones.
“Ya hice absolutamente todo, no hay una cosa más que pueda hacer”, enfatizó sobre su trabajo en transparencia. La resolución de la intervención dependerá ahora de las instancias correspondientes, mientras se profundizan las investigaciones sobre las denuncias presentadas.
