La iniciativa surge a raíz de denuncias sobre el manejo irregular y con tratos privilegiados en un programa estatal de viviendas, donde se habrían otorgado beneficios de manera discrecional al senador Javier ‘Chaqueñito’ Vera.
Entre los puntos principales que motivan esta medida se encuentran la falta de transparencia en cambios reglamentarios sin publicarlos ni difundirlos en su portal institucional. Esto habría permitido que personas con vínculos políticos, como el senador Vera accedieran a información privilegiada para calificar a departamentos, rompiendo la igualdad de condiciones para el ciudadano común.
Adjudicaciones en “tiempo récord” en el trámite de ciertos expedientes, citando un caso que fue presentado un 8 de julio y apenas 21 días después ya contaba con una resolución conclusiva.
Esto contrasta con los años de espera que enfrentan familias trabajadoras y los exhaustivos controles socioeconómicos que normalmente requiere la administración pública.
También se solicitará información sobre los viajes de Baruja y del cual no existiría un reporte formal de resultados ni beneficios concretos para los ciudadanos.
Según las declaraciones de Espínola, estos hechos sugieren que el oficialismo podría estar utilizando los recursos y beneficios del Estado para pagar lealtades políticas mediante privilegios.
