“Ayer justamente hemos realizado nuevamente nuestro congreso”, declaró Giménez. El dirigente explicó que el gremio había llegado a un entendimiento con autoridades y empleadores, pero que “lastimosamente no se cumplió el acuerdo como fue pactado”. Ante esta situación, los trabajadores decidieron avanzar con la convocatoria a huelga.
Expresó que la principal preocupación del sector radica en la exclusión de los trabajadores del diseño de la reforma. “Somos marginados del sistema de la reforma”, afirmó. El dirigente sostuvo que los verdaderos actores del sistema de transporte son “el usuario, el trabajador, el empleador y el gobierno”, pero que en este caso “el gobierno nada que ver”.
La reforma, según explicó, fragmenta el sistema operativo del transporte en múltiples empresas especializadas, sin definir quién será el empleador directo de los trabajadores. “La práctica operadora se va a encargar de una empresa, los talleres y servicios mecánicos de otra, y las paradas de otra más”, detalló. Esta dispersión, según Giménez, deja al trabajador sin respaldo legal. “Si tenemos un problema laboral, no tenemos a quién denunciarlo”, advirtió.
El dirigente también alertó sobre el riesgo de perder derechos adquiridos como la antigüedad, los aportes jubilatorios y la estabilidad laboral. “Ahí se va todo nuestro esfuerzo, nuestra antigüedad, nuestros tales, nuestro derecho a la jubilación”, lamentó.
Otro punto crítico señalado por Giménez fue la falta de garantías en los procesos de asociación y absorción de trabajadores cuando una empresa pierde su concesión. “No hay ninguna parte en la reforma que diga que si una empresa se liquida, la nueva tiene que absorber a los trabajadores”, denunció.
El dirigente recordó su experiencia personal en la línea 21, que fue absorbida por la línea 96, donde “todos los trabajadores fueron incorporados”. Según dijo, ese modelo desaparecería con la nueva ley.
Finalmente, cuestionó la intención del gobierno de declarar al transporte como servicio imprescindible, lo que implicaría restricciones al derecho a huelga. “Este gobierno quiere meter como si fuera que nosotros somos funcionarios públicos. Nosotros no somos funcionarios públicos fijos”, afirmó.
El dirigente recordó que “hay una sentencia de la Corte que dice que el transporte no es imprescindible”. Advirtió que la reforma busca “quitar el derecho a huelga”, a pesar de que está garantizado por la Constitución Nacional. “Todas esas cuestiones no quiere sacar con esta nueva reforma”, concluyó.
La medida de fuerza afectará a los usuarios de Asunción y Departamento Central, y sería acatada en un 80% por los conductores, según indicó Giménez.