15 dic. 2025


Ocupante de Jardines de Remansito recusa a juez

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Una de los ocupantes de la propiedad del Ministerio de Defensa recusó al juez que fijó para este viernes una audiencia para recibir los documentos que avalen la permanencia de los invasores en la zona. La competencia pasa a otro magistrado, quien puede decidir si posterga la diligencia o no.

Rossana Ramírez, una de las ocupantes de la zona de Jardines de Remansito, recusó este viernes al juez José Villalba, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

El magistrado había fijado para las 09:00 una audiencia en la que los 16 de los 18 ocupantes del lugar debían presentar documentos que avalen su permanencia en la finca 916, propiedad del Ministerio de Defensa, ubicada en Villa Hayes.

Villalba señaló en Monumental que la competencia de atender el caso pasa al juez Martín Acosta mientras un Tribunal de Apelación resuelve si da lugar o no a la recusación. Explicó que el magistrado puede decidir realizar la audiencia este viernes o postergarla.

“Lo que respecta a la competencia de este juzgado, en vista a la recusación sin expresión de causa que se produjo el día de hoy, el juzgado inmediatamente eleva el informe al Tribunal de Apelación y el expediente pasa al juzgado que sigue en orden de turno, quien va a resolver lo que corresponda en derecho. El doctor Martín Acosta es el magistrado encargado”.

“Él va a resolver si lo hace el día de hoy o lo reagenda”.

El juez Villalba elevó un informe al Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial en el que manifiesta que la recusación es improcedente porque no explica la causa.

“Pero va a ser el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial quien finalmente va a resolver si devuelve el expediente a este juzgado o se mantiene con el doctor que sigue en orden de turno (Acosta)”.

El Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley que desafecta del Ministerio de Defensa a favor de la Municipalidad de Villa Hayes una parte de la finca 916 para su posterior traspaso a los actuales ocupantes. Entre ellos, se encuentran personas que construyeron viviendas lujosas en el sitio. Ante la polémica, la Procuraduría General de la República y el juez Villalba iniciaron diligencias para preparar una demanda con el fin de recuperar la propiedad del Estado.

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