Al respecto, explicó que estos problemas ocurren en economías avanzadas como Suiza o Estados Unidos, donde los entes reguladores aplican estrictamente las reglas de Basilea. Por ello, enfatizó que “no son nombres” lo primordial, sino la determinación institucional, alertando que “eso es lo que hoy todo el mundo está mirando en Paraguay”.
Respecto al impacto macroeconómico, el especialista sostuvo que el desenlace incidirá directamente en la calificación crediticia. Según Ferreira, si se alcanza una “resolución feliz” mediante los procedimientos técnicos habituales a nivel global, el país saldrá fortalecido.
Sin embargo, advirtió que si el caso se desborda, “seguramente va a afectar nuestro grado de inversión” y traerá graves dificultades. En ese sentido, remarcó que las turbulencias financieras no quedan aisladas, sino que corren el riesgo de propagarse a otros sectores económicos de no implementarse medidas concretas.
Asimismo, detalló que el Estado mantiene unos 900 millones de dólares en el sistema bancario, de los cuales 360 millones corresponden al Instituto de Previsión Social. Ferreira advirtió que cualquier perjuicio en esos depósitos trasladará el conflicto financiero al ámbito fiscal.
Al respecto, ejemplificó que fondos públicos comprometidos podrían golpear las tarifas de la electricidad o el precio de los combustibles. Finalmente, concluyó sentenciando que “acá está en juego nuestra credibilidad”, remarcando que el país solo saldrá fortalecido si los reguladores intervienen conforme a lo esperado.
