El magistrado explicó que la medida buscó determinar qué actuaciones se realizaron y si existió alguna falla en el procedimiento. Jiménez Rolón señaló que tomó la decisión tras conocer que el caso pasó por instancias judiciales antes del crimen. “Necesito un informe acabado sobre qué se hizo y qué no se hizo”, afirmó.
El ministro indicó que los auditores iniciaron los trabajos y que el informe permitirá evaluar eventuales medidas administrativas o disciplinarias. El integrante de la Corte sostuvo que una de las principales líneas de análisis se centró en la comunicación de un supuesto incumplimiento de la medida cautelar de prohibición de acercamiento.
Según explicó, durante una audiencia la víctima denunció que esa disposición judicial no se respetó. “Queremos saber si ese oficio llegó o no al Ministerio Público”, manifestó.
El magistrado añadió que los datos preliminares apuntaron a que la comunicación pudo no haber llegado a destino, aunque aclaró que aún aguardaba el informe oficial para confirmar esa hipótesis.
Jiménez Rolón relató que el sistema judicial reaccionó inicialmente conforme a los protocolos vigentes. Explicó que la denuncia ingresó por una oficina de atención permanente y que posteriormente fue remitida al Juzgado de Paz de Lambaré por cuestiones de competencia territorial.
También indicó que la jueza interviniente dictó la medida cautelar el mismo día de la denuncia. Finalmente, el ministro reconoció la necesidad de revisar permanentemente los mecanismos de protección a víctimas de violencia.
