La jueza Lici Sánchez justificó por qué más de dos mil armas de fuego decomisadas en el operativo Dakovo el año pasado aún no han sido transferidas a la Policía Nacional. Se realizó un inventario detallado, identificando la cantidad y tipo de armas y municiones y el proceso aún no se completó, confirmó la magistrada.
Las armas deben destinarse tanto a las fuerzas de seguridad interna y defensa nacional. La jueza señaló que ambas instituciones, una militar y otra policial, han presentado un registro para la distribución equitativa de las armas según sus necesidades.
Sánchez tiene previsto revisar personalmente este registro para asegurarse de que los números de serie y otros detalles coincidan antes de aprobar la distribución. La jueza enfatizó la importancia de la precisión en este proceso, ya que las armas se entregan para su uso y no en propiedad.
La resolución judicial establece que la asignación de las armas está sujeta a los resultados del proceso penal en curso. Dependiendo del resultado, las armas podrían ser confiscadas, devueltas o incluso sujetas a un acuerdo.
“Esas resultas procesales pueden culminar con un comiso, con un sobreseimiento definitivo, ¿por qué no? Podría culminar con un acuerdo de partes, etcétera. Lo que implica que si es comisado lógicamente la titularidad pararía directamente al Estado. En caso contrario, el Estado tendría que abonar por esas armas a quien se presentara o a quien acreditara ser titular de las mismas”, explicó.
En cuanto a la responsabilidad por cualquier pérdida o daño a las armas mientras estén en posesión del Estado, la jueza confirmó que la institución encargada de su custodia sería responsable de compensar al propietario.
Este enfoque meticuloso se debe a la naturaleza transfronteriza del delito, que involucra a Paraguay y Brasil, y a la aplicación de acuerdos internacionales.
